Desde 2017 estoy como casero en una iglesia evangélica edificada en un terreno que fue donado por parte del municipio hace más de veinte años.
En enero de este año, por decisión de las autoridades municipales, se estableció una ordenanza que deja sin efecto dicha donación.
En ese momento, se hacen presente dos funcionarios municipales en el templo cristiano exigiendo que el lugar sea desalojado dando cumplimiento a la ordenanza municipal.
Al ser informado de tal situación, presente la documentación que da testimonio de que el lugar no es un terreno fiscal, ya que fue cedido a una persona jurídica.
Informados de esto, las autoridades municipales, piden colaboración de personal policial para dar continuidad al desalojo, pedido que en su momento fue desestimado por parte del encargado de comisaría, entendiendo que no es menester de su función actuar a pedido de un civil sin orden escrita por parte de un juez o fiscal actuante.
Pasado alrededor de treinta días, por razones laborales viaje a capital Federal dejando en el lugar a un ministro de la iglesia, quien en el transcurso de la semana me informó que por parte del municipio se colocaron cadenas en la puerta de acceso al templo.
A mi regreso y acompañado del presidente declaraciones iglesia se inició una demanda en el juzgado de Villaguay.
Los intentos de toma por parte del municipio continuarán durante todo este tiempo aduciendo que el lugar no está funcionando como iglesia como lo establece la donación, al explicar que si bien en parte es verdad que la iglesia no funciona no es por abandono, si no dando cumplimiento a un decreto nacional (287/2020)
En septiembre de este año y estando la causa en tribunales, se hace presente quien dice ser abogada municipal, quien me lee una orden de desalojo estableciendo como plazo la cantidad de cinco días.
Pido me deje copia de dicha orden para poder presentar ante mis autoridades, la cual en principio no me es entregada bajo escusa de que estaba redactada en forma manuscrita, que en el transcurso del día se me haría una copia escrita en forma mecánica.
Nunca me entregaron la orden de desalojo firmada.
En el mes de octubre nuevamente personal municipal se hace presente esta vez citando una ordenanza modificada, que establece que la parte edificada puede continuar, pero el municipio toma posesión de el terreno, a lo cual colocan postes y alambres demarcado un perímetro.
Por alguna extraña razón, los que colocaron el alambrado, se olvidaron de colocar una puerta que me deje salida a la vía pública, razón por la cual se me ocurrió ofrecer mi desinterésada colaboración creando una gran puerta de salida.
A dos días de esto, se presenta la señora presidente municipal exigiendo el inmediato desalojo y reposición de la parte alambrada faltante para construcción de la puerta bajo amenaza de ordenar a la policía provincial actúe bajo su orden y de inmediato cumplimiento a su orden.
Obviamente desestime dicha amenaza.
Días más tarde se presentan tres funcionarios policiales y retiran postes y alambres.
A principios de este mes, nuevamente por razones laborales viaje a capital Federal, al regresar este domingo otra vez encuentro alambrado el acceso, otra vez hago una puerta.
Pero al transcurso de la tarde, me entregan una orden de desalojo sin plazo y sin firma de un fiscal, solo la firma de un funcionario policial.
Al tener constancia escrita de lo dispuesto, informo esta situación al abogado quien me da las pautas a seguir, en principio desestimado dicha orden hasta consultar que es lo que se manifiesta si abandonar o permanecer dado que el escrito a más de ser contradictorio, no está debidamente rubricado por juez o fiscal actuante.
El día martes, viajo a Villaguay a informarme más del caso y me doy con la novedad que el fiscal nombrado en la orden escrita, no estaba enterado.
A partir de ahora vienen una serie de dudas y venidas que corresponden a la parte de los abogados, mi trabajo consiste solamente en dar mantenimiento edilicio y cuidado.
Juan Alberto Moreira
