Cecilia Goyeneche, la exProcuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción del Poder Judicial destituida el 24 de mayo de 2022 por el Jurado de Enjuiciamiento, acusada de mal desempeño por la tramitación de la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, está convencida de que va a volver a su puesto. Y confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia a la que llegó con un recurso de queja luego de varios reveses en los tribunales entrerrianos, le va a dar la razón.
“La Corte me va a restituir en el cargo”, dijo durante una larga entrevista que dio al programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7).
Goyeneche fue destituida de su cargo de Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción por dictamen del Jurado de Enjuiciamiento del 24 de mayo de 2022 luego de sendas denuncias por mal desempeño presentadas en su contra, primero por el abogado Carlos Reggiardo, y luego por los letrados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Se le reprochó su actuación en la causa de los Contratos Truchos en la Legislatura y por no haberse excusado de intervenir como fiscal siendo que su marido habría quedado salpicado por el caso.
La exprocuradora Adjunta acudió con un recurso de inconstitucionalidad contra el pronunciamiento del Jurado de Enjuiciamiento y el caso quedó a resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que a comienzos de marzo fue rechazado. Los fundamentos de la resolución estuvieron a cargo del vocal Miguel Ángel Giorgio, integrante de la Sala Penal –que había sido recusado por Goyeneche, planteo que también fue rechazado-, quien al analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad sostuvo que el mismo no se encuentra expresamente previsto en la ley.
Entonces, pidió que le habiliten el camino para ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para eso presentó un recurso extraordinario federal.
El reproche de Goyeneche se apoyó en cinco puntos:
En primer lugar, por la integración de los órganos “acusador” y “juzgador” del proceso de enjuiciamiento llevado en su contra, cuya ilegitimidad e inconstitucionalidad planteó con fundamento en las normas constitucionales y convencionales que cita, reprochando a la sentencia recurrida haber resuelto en contra de todos esos derechos.
En segundo lugar, porque consideró que la sentencia rechazó dogmáticamente los planteos constitucionales y federales que efectuó en relación con la inobservancia de las formas sustanciales del debido proceso que eran relevantes y necesarias para garantizar sus derechos, precedentes estos que considera aplicables en el presente caso), afirmando que existe aquí cuestión federal suficiente en tanto se encuentra en tela de juicio el alcance de su derecho de defensa en juicio, en particular, a ser juzgada por los jueces naturales y un órgano imparcial.
En tercer lugar, señalo que existe cuestión federal debido a la invalidez constitucional de la previa decisión del Jurado de Enjuiciamiento del 30 de noviembre de 2021, cuando se dispuso la apertura de causa en su contra y se dispuso remover a todo el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador, aspecto que Goyeneche también llevó, ante el fallo adverso del STJ, ante la Corte.
En cuarto lugar, invocó cuestión federal en razón de que la sentencia recurrida, al confirmar la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento y la exclusión del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador, atenta contra la jurisdicción de la Corte.
Finalmente, invocó cuestión federal por considerar arbitraria la sentencia recurrida por considerar que: (a) se aparta sin fundamentos plausibles de las normas constitucionales y legales vigentes y aplicables en punto a la integración del órgano “juzgador” y la integración del órgano “acusador”; (b) rechaza dogmática y arbitrariamente el planteo de manifiesta parcialidad del Jurado de Enjuiciamiento y se funda en afirmaciones dogmáticas y falsas, omitiendo ilegítimamente considerar la arbitrariedad en la valoración de la prueba producida y otros planteos constitucionales ineludibles para la decisión del caso.
Le dijeron, otra vez, que no.
Apunta a los vocales del STJ
Antes de ir a la Corte, denunció penalmente a dos vocales que integran la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak y Daniel Carubia, y también al integrante de la Sala Civil, Martín Carbonell.
Dice que su destitución es la culminación de una serie de acciones que ubica en 2018, cuando se abrió la investigación penal por los Contratos Truchos en la Legislatura. “Creo que fue una reacción política frente a una causa judicial que creo que de buena o mala fe no entendieron que era una causa judicial, no una causa política”, sostuvo.
-¿Cómo define a la causa de los Contratos Truchos?
-Fue un robo a mansalva, simulando contratos en la Legislatura. Fue obra de un grupo organizado que se dedicó, durante 11 años, a simular la contratación de gente para robar la plata. En Entre Ríos, lamentablemente, la Legislatura ha sido el lugar donde se han enfocado para robar. Ya tenemos un vicegobernador condenado, Héctor Alanis, caso que está en la Corte. Lo de Alanis terminó en 1999: diecinueve años después volvió a estallar con otro robo a mansalva. En aquel robo de Alanis no se molestaban en simular contratos de personal; a partir de 2007 se empezó a generar este grupo, que generaba la simulación para justificar el retiro de dinero.
-¿Su destitución fue una vendetta por la Causa Contratos?
-No es una vendetta. Es una forma de garantizar impunidad. Es la forma de garantizar impunidad a futuro. Y se combina luego con la condena a (el exgobernador Sergio) Urribarri. La causa Urribarri empieza en septiembre de 2021. Y el 30 de noviembre de ese año disponen mi suspensión. Me sacan de la causa. Se combinaron varias cosas. La idea era que mi suspensión tuviera el efecto de entorpecer el juicio y a la vez dar un mensaje fuerte respecto a que la Causa Contratos no iba a llegar a juicio, que es lo que están tratando de hacer ahora con el planteo de incompetencia.
-Quienes la denunciaron apunta a un nombre, Pedro Opromolla, que tuvo una relación comercial con usted. ¿Cómo lo explica?
-Opromolla era amigo de mi esposo. Soy la segunda esposa de mi marido. Ellos eran muy amigos de la época cuando fueron a la facultad. Luego, mi esposo estuvo 10 años afuera del país. Se mantuvo la amistad pero no con la intensidad del principio. Mi esposo trabajó con una empresa que hacía edificios. Antes de la causa contratos, habíamos invertido en esos edificios a pozo que hacía la empresa donde trabajaba mi esposo. Compramos un departamento. Ese fue el único tipo de vinculo. No tenía yo vínculo con Opromolla. Y la legislación nuestra es clara respecto de los motivos de excusación de fiscales. Solamente nos podemos excusar si se dan causales que afecten gravemente la imparcialidad y objetividad. Esta situación de Opromolla de haber sido amigo de mi esposo no es causal de apartamiento. Y además, no me generaba afectación a mi objetividad. Por eso yo consideré que no era necesario que me excuse. Eso quedó demostrado en la causa. En la causa no hubo ningún beneficio para Opromolla. En el juicio que se me hizo, no pudieron demostrar absolutamente nada
-¿Por qué denunció penalmente a algunos vocales del Superior Tribunal?
-Los denuncié porque considero que cometieron delito. Denuncié a Carubia, a Mizawak y a Carbonell, que dispusieron un juicio por un tribunal especial para mí, y decidieron apartar al Ministerio Público Fiscal como órgano de la acusación. Nunca me gustó tener una actitud sumisa. Cuando vi que hicieron esto, los denuncié. Respecto de uno de ellos ya conocía el perfil. No tuve ninguna duda que tenía que denunciar la ilegalidad. En el caso de Carubia, sabemos qué orientación tienen sus fallos. En las causas de corrupción, Carubia tiene un sesgo permanente, y ese sesgo es buscar la impunidad. Todos sus fallos apuntan a la impunidad, anular condena, disponer absoluciones, muchas veces de manera insólita.
Consejo de la Magistratura
Goyeneche también se despachó contra la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó el gobernador Gustavo Bordet y que refrendó la Legislatura. “En la Justicia se marcó una diferencia entre el juez que llegó a su cargo por concurso y el que fue puesto a dedo. La diferencia está dada en que el concursado tuvo que pasar por un sistema de selección, que era bueno, con defectos, pero perfectible, que había funcionado bien, sin políticos en el Consejo de la Magistratura. Lamentablemente, en este proceso de búsqueda de impunidad se dictó una ley que modificó el sistema de selección de jueces. (El exgobernador Jorge) Busti decidió que iba a nombrar al primero en la terna de postulantes que enviaba el Consejo de la Magistratura. No había lugar para negociación. Eso cambió ahora. Acaban de nombrar juez de Cámara al que estaba en el número 16 en la terna. En diez años eso no ocurrió. Se nombraba al primero de la terna. Esto es lo que destruyó el gobernador Bordet el año pasado al modificar la ley del Consejo de la Magistratura. Bordet fue el primer gobernador que no nombra al primero de la terna. Pasó a ser algo negociable. Puedo estar en el puesto 16 y puedo negociar. Existe esta percepción ahora”, asegura.
