Antes de entrar en el análisis de esta grave afirmación conviene dejar constancia, que con ella más que formular una crítica a una gestión de gobierno –cosa que también cabe y correspondería- nuestra intención es otra; ya que a lo que se apunta es a mostrar la necesidad de reaccionar frente a ese estado de cosas, de manera de lograr que nuestra sociedad se encauce en la forma correcta, y que “lo anormal deje de ser lo normal”.
Mientras tanto, es con ese propósito que nos ocuparemos de señalar las graves falencias que se observan en el proceso de análisis de los resultados censales y que vienen a conspirar con la fiabilidad de sus datos definitivos. Es así como estamos a siete meses de la fecha en que se efectuó el relevamiento censal, y solo contamos con una “estimación” del total de nuestra población, con un margen de error de aproximadamente un millón de habitantes. Es decir, que esa estimación es el producto de una “inferencia”, con el margen de error indicado, dada la circunstancia que no se cuenta con un detalle pormenorizado de los datos recogidos por los censistas en la encuesta.

De donde resulta aventurado establecer que contaba a ese momento con una población de 47.327.407 habitantes, como resulta de esa estimación. Ello significa que no se cuentan con las “cifras provisorias” del censo – o sea de un “recuento” concreto del total de las “planillas resumen” que debe completar cada censista, cifras provisorias censales que debieron haber sido dadas a conocer el 15 de agosto pasado, y que desde ya se descarta la posibilidad de contar con ellas. De cualquier manera habrá que esperar casi con seguridad a los primeros meses del año próximo para contar con los datos definitivos, desagregados por provincias, departamentos y localidades. Algo que significa que en plena era digital, se llegará a tardar poco menos que un año, para dar a conocer los datos definitivos de población, resultado del censo efectuado.

Entre las causas que llevan a esta demora, aparte de otras consecuencias producto de falencias y errores técnicos, se alude la radical modificación que se dio en la forma de seleccionar los censistas, los que constituyen el eslabón primero y básico a satisfacer en la elaboración del censo. Ello así por cuanto a diferencia casos anteriores en los que la mayoría de los censistas eran docentes o militares, elegidos por el INDEC; esta vez se delegó en los gobiernos provinciales y municipales efectuar la designación de los censistas. Una circunstancia, que según algunas fuentes ha significado que se encomiende esta tarea a “militantes” y miembros de organizaciones sociales, especialmente en el caso de los barrios vulnerables. Esa circunstancia ha provocado la sospecha de una manipulación de los datos censales, sospecha que se vería robustecida por el análisis de la información censal “cruzada” con otros datos ajenos al censo, pero de cualquier manera relevante, para confirmar aquéllos

Y esa sospecha, no carece de explicación, si se tiene en cuenta que la información censal se utiliza, en otras áreas gubernamentales, y, entre otros destinos, para la determinación de los porcentajes de coparticipación impositiva y asistencia a administraciones provinciales o municipales. De donde la incidencia señalada puede tentar a funcionarios de esas jurisdicciones, a falsear los datos censales, buscando aumentar, fraudulentamente, el número de censados. Nos encontraríamos entonces a un ejemplo más de ese dicho que señala que “hecha la ley, hecha la trampa”. Aunque con su contenido modificado, en cuanto lo que se confirmaría en este caso, es que “la ley se la dicta y se la aplica con el fin de hacer trampas”.

Nos encontraríamos de esa manera ante la presencia de otro caso más de una suerte de mecanismo diabólico, de esos que vuelven disfuncional a nuestra sociedad. Ya que de esa forma no solo queda más que amenazada la confianza recíproca entre nosotros, indispensable para una convivencia armoniosa; sino también la que necesitamos contar de quiénes gobiernan y actúan en otros países.

(ElEntreRios)