Ya no sólo se trata de su frondosa imaginación para reescribir la historia a partir de eventos que nunca ocurrieron, pero que ella inventa con libertad, ni tampoco de los sorpresivos (para una exitosa abogada) errores ortográficos (falta de tildes), sintácticos (omisión de preposiciones, falta de coincidencias entre tiempos verbales) y semánticos (uso del lunfardo, de vocablos extranjeros y de palabras inexistentes, como “vulnerabilizados”), sino que se trata, sobre todo, del significado último de su contenido: pretende que su situación judicial debería ser un asunto de interés nacional en el que todos deberíamos involucrarnos. En su mundo cristino-céntrico, sus causas deberían ser la mayor preocupación de cada argentino y argentina.
Podría uno poner un misericordioso manto de silencio sobre esta nueva carta, pues no sorprenden ni su contenido, ni su tenor, ni su egocentrismo. Ya todos sabemos que los pecados veniales del épico período 2003-2015 son perdonables, mientras que los pecados mortales del macrismo son execrables.
La novedad viene dada por la elección de la víctima propiciatoria en esta diatriba. Mientras que la entrega previa fustigaba a los “funcionarios que no funcionan”, esta edición toma como cordero pascual a cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sólo el Dr. Maqueda es exonerado, aunque con Cristina nunca se sabe la duración del indulto.
Es posible que la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la condena a Amado Boudou haya tenido bastante que ver con la irritación y con el arrebato epistolar. Como en el caso de Boudou, muchas de las causas que involucran a la Vicepresidente avanzan – al fin de cuentas, lo único que la Justicia debería evitar. ¿Cómo puede ser que ni funcionarios ni jueces se ocupen de ello?
Cristina acusa a los jueces de la Corte Suprema de: 1) decidir sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los argentinos; 2) no ser electos por el voto popular, 3) ser “perpetuos”, o “vitalicios”; 4) tolerar la violación permanente de la Constitución y las leyes; y 5) no estar sometidos a control alguno.
Si uno ignorara el destinatario de las acusaciones, podría imaginar que habla de sí misma. Ella y muchos otros miembros del Ejecutivo y el Congreso podrían tildar casi todos esos casilleros.
Durante todo 2020 nos decretaron cómo vivir y cómo no, violando numerosos derechos y libertades constitucionales. Con recurrentes y creativos impuestos afectan a diario el patrimonio de todos los argentinos, sólo para proteger el uso político de los fondos. Sus funcionarios (incluyendo a la propia Cristina) son tanto o más perpetuos y vitalicios que los jueces de la Corte Suprema y, encima, parecen gozar de cargos hereditarios (incluyendo a la propia familia de Cristina). Aunque no son electos directamente en las urnas, los miembros de la Corte Suprema son elegidos y removidos con los dos tercios del Senado, que sí fue elegido. De hecho, así fueron elegidos los jueces que la carta falsamente acusa de haber sido impuestos mediante un DNU. Además, todo el mundo sabe que legisladores del estatus de Cristina nunca son removidos, aunque caigan en desgracia en la consideración popular (basta ver cómo hace más de 20 años que Carlos Menem se ampara sin vergüenza en sus fueros legislativos).
Los numerosos juicios contra la Vicepresidente y muchos exfuncionarios han sorteado innumerables etapas de prueba y han recibido sentencias favorables y desfavorables de los más diversos jueces, en distintas instancias. No es sólo la Corte Suprema: muchos jueces de tribunales inferiores fallaron en esas causas. Parece que hay pruebas difíciles de ignorar para esos jueces.
Aunque Cristina recurra al falaz argumento de que “una inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas” la absolvió con su voto en 2019, es más plausible que esa inmensa mayoría prefiera que todos fuéramos iguales ante la ley. Esa es la verdadera injusticia: que una minoría goce de fueros que la eximen de pagar por faltas por las que los ciudadanos de a pie pagarían. La inmensa mayoría no arroja bolsos con dinero en algún convento, ni pesa billetes en La Rosadita, ni es dueña de hoteles que están 100% alquilados, pero 0% ocupados.
Poner en peligro a la República y pretender usar a la sociedad como rehén en una batalla personal contra la Justicia es inaceptable. Pero el Gobierno y el partido callan, quizás porque, como dijo esta semana Chiche Duhalde en televisión, “son cagones”. Es muy claro que el fervor epistolar hace muy complicado que el gobierno pueda gobernar, y que los argentinos puedan encontrar una salida para sus penurias. ¿No será Cristina la que no funciona?