Tras la apelación judicial que determinó la restitución del campo “Casa Nueva” a la firma Las Margaritas S.A. y el desalojo de las personas que lo ocupan desde hace varios días, el diputado Nicolás Mattiauda (Pro-Cambiemos) acusó que el gobierno provincial “no brindó las garantías necesarias” para defender el derecho a la propiedad privada en Entre Ríos.
El legislador de Gualeguaychú, celebró la resolución positiva de la jueza de Apelaciones de Entre Ríos, María Carolina Castagno, al pedido de desalojo del campo solicitado por los hermanos Etchevehere y su madre, y aseguró que la medida “deja en evidencia que el gobierno provincial no estuvo a la altura de las circunstancias” para impedir la usurpación.
“Queda un precedente muy preocupante”, señaló Mattiauda y aseguró que “no es verdad que el gobierno defendió la propiedad privada” porque “se difundió la posible participación en la toma de un funcionario de Bordet (el director de la Casa de la Cultura, Sebastián Bergalio)”.
Para el diputado integrante del interbloque Cambiemos, el gobierno “no brindó las garantías necesarias” en defensa de la propiedad privada “cuando desde un principio hubo intervención de funcionarios federales en una causa que describían como un conflicto familiar”. “Ahora se suma que una persona con un cargo provincial, designado por el gobernador, aparece involucrado en el hecho, lo que es una vergüenza”, sentenció.
Al respecto, Mattiauda dijo que el Gobernador “debería darles explicaciones a los entrerrianos, pues no alcanza con suspender temporalmente de su cargo al involucrado” y pidió que esa situación “se investigue a fondo para determinar sus responsabilidades en la toma del campo”.
“Bordet, (Rosario) Romero y (Juan José) Bahillo siempre dijeron que existía un conflicto familiar sin resolver, que no había usurpación y que el gobierno defendía la propiedad privada, pero la realidad demostró otra cosa”, aseveró el diputado de Gualeguaychú.
En tanto, se mostró convencido de la “inacción del gobierno provincial” en cuanto a los controles sanitarios y permitir la violación de las restricciones que existen en esa materia a nivel nacional, en el marco de la pandemia por covid-19. En los considerandos del fallo, la jueza Castagno mencionó esa situación y nombró a algunas personas domiciliadas fuera de la provincia que participaron de la ocupación del campo.
Restricciones sanitarias
“La ministra (Sonia) Velázquez también es responsable porque no pudo, no supo o no quiso garantizar el cuidado de la salud de los entrerrianos, pese a las advertencias que se le hicieron”, remarcó y en ese sentido recordó la denuncia que presentó la semana pasada para que la justicia investigue la presunta violación de las restricciones sanitarias que rigen en el país, por parte de las personas que ocuparon ilegalmente el campo.
En ese sentido, la Jueza Castagno en su fallo llamó la atención sobre la circulación de personas de otros puntos del país por toda la provincia en plena pandemia, algunas de las cuales se alojaron en un sindicato entrerriano en un momento de crisis sanitaria en que se deberían extremar los recaudos para evitar la circulación del virus. “Espero que mi denuncia no caiga en saco roto, sobre todo a partir de la mención que la magistrada hizo en su resolución”, dijo.
Además, Mattiauda apuntó contra los integrantes del gabinete de Bordet que “han quedado comprometidos por su inacción” y pidió “analizar en profundidad si no han incurrido en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos”.
Y anunció que llevará al seno del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados la discusión para analizar un pedido de Jury contra juez de La Paz, Raúl Flores.