El mecanismo se completaría con una estructura jerárquica que abarca al ex gobernador Sergio Urribarri en su rol de presidente de la Cámara de Diputados, a su antecesor José Allende, y al vicegobernador Adán Bahl y a sus antecesores Pedro Guastavino, José Lauritto y José Cáceres, en carácter de ex presidentes del Senado.
Todos ellos serían citados próximamente a designar abogado defensor en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal y serían imputados en breve por la presunta comisión de distintos delitos, como asociación ilícita y peculado. También se apunta a autoridades de ambas cámaras. Del Senado, entre otros, a los ex directores contables Juan Domingo Orabona y Gustavo Pérez; a los ex secretarios Mauro Urribarri y Sigrid Kunath; a Natalio Gerdau que actualmente ocupa ese cargo; y a los ex prosecretarios Juan Pablo Aguilera y José Kramer. De Diputados, al ex director contable Sergio Cardozo; al secretario Nicolás Pierini; al prosecretario Sergio Cornejo; y a la ex prosecretaria Claudia Krenz.
En la Legislatura entrerriana había una estructura jerárquica se afirmó: los contratados, a los que venían usando desde hacía muchos años y otros que tenían como temporales. Cobraban dos o tres meses y los dejaban afuera. Les daban el 5 por ciento del dinero, según se pudo reconstruir periodísticamente, en base a testimonios de protagonistas directos, en el programa de televisión Cuestión de Fondo.
Estaban los contratados, los recaudadores y los funcionarios o legisladores hasta donde llegaba el dinero. Les pagaban el monotributo y la obra social, aunque ahora están con deudas de hasta 50 mil pesos, de acuerdo a un relevamiento entre algunos de los declarantes. Según se pudo saber, fueron más de 30 los que testimoniaron ante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberri.
Nunca les dejaban ver el contrato ni los datos del cheque, emitido desde los Contables legislativos. Muchos de ellos sabían que eran contratados del Senado o Diputados. Un grupo más reducido quizás lo desconocía. De acuerdo a consultas en ámbitos legislativos, hubo períodos en los que había cerca de 600 contratados truchos entre las dos cámaras; después, el promedio era de 350 aproximadamente. Actualmente, hay 1.200 contratados en la Legislatura entrerriana. Se reparten en algo más de 600 para Diputados e igual número en el Senado.
“Los contratos fueron de 5.000 a 6.000 pesos en los primeros años. El año pasado llegaron a 35.000 pesos y en la actualidad alcanzan los 50 mil pesos”, dijo uno de los contratados, quien prefirió mantener en reserva su identidad. La mayoría eran de las cámaras, pero también había de algunos legisladores del oficialismo, quienes concentran buena parte de esos beneficios.
Hay que recordar que en la actualidad existen cinco personas detenidas, acusadas de fraude y asociación ilícita. Los detenidos, son: Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, y Roberto Ariel Fauré. Cabe recordar que el senador nacional Pedro Guastavino (PJ-Entre Ríos) reconoció que fueron contratados por él y se puso a disposición de la justicia. No obstante, se sabe también que tanto Guastavino como la senadora nacional Sigrid Kunath (PJ-Entre Ríos) tienen empleados legislativos, cuya contratación fueron ordenadas desde el urribarrismo apenas asumieron sus respectivos mandatos. Los tres primeros –Beckman, Sciolocomo y Álvarez- fueron sorprendidos por la Policía cuando realizaban la maniobra con las tarjetas de débito en un cajero a mediados de septiembre. Luego cayeron los otros dos empleados legislativos.