Las normas también fueron rubricadas por Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Russo y Sandra Pettovello.
Una de las principales modificaciones que introduce el decreto es la eliminación del Ministerio de Infraestructura, cuyas funciones pasan a Economía. El Ministerio de Economía pasa a absorber, de esta forma, nuevas funciones y atribuciones.
La tutela de los derechos de las acciones de organismos estatales como Corredores Viales S.A., Agua y Saneamientos SA (AySA) y la Administración General de Puertos (AGP) se traspasan a la órbita de la Jefatura de Gabinete. También pasan a Jefatura de Gabinete las competencias relacionadas a telecomunicaciones, servicios de comunicación audiovisual, desarrollo satelital y servicios postales.
El Programa Nacional de Protección de Testigos, que antes se encontraba bajo la órbita de Justicia, y el Consejo Federal y el Comité de Lucha Contra la Trata, pasan al Ministerio de Seguridad. El Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena pasa de Capital Humano a Economía.
Según publicó Ámbito, desde la Casa Rosada indicaron que uno de los ejes de la gestión de Milei es la “reforma y simplificación” del Estado, tendiente a la eficiencia y racionalización de procesos y estructuras estatales en beneficio de los ciudadanos. Al inicio de la gestión se redujeron los ministerios de 18 a 9, y actualmente quedaron solo ocho.
