La polémica por los próximos ajustes de los servicios públicos generó fuertes tensiones en el Congreso y derivó en un “ruidazo” que se sintió en la Ciudad y en algunos puntos del país. El macrismo quiere evitar que se profundice el malhumor social y por eso ya tiene una estrategia bajo estudio
Forzado por el malhumor social y, sobre todo, por la presión que le impuso el “fuego amigo” de Lilita Carrió y el radicalismo, el Gobierno ya tiene sobre la mesa un lista de posibles medidas para amortiguar el impacto del tarifazo.
En medio del “ruidazo” que se sintió en diversos puntos del país y tras los momentos tensos que se vivieron en el Congreso, Mauricio Macri dio el visto bueno para que sea Marcos Peña quien avance sobre los cambios.
La mayor preocupación está vinculada con las boletas de gas: de no haber modificaciones, a medida que baje la temperatura comenzarán a llegar a los hogares con sumas “explosivas” para el presupuesto familiar, lo que recalentará el malhumor social.
Los cambios que se vienen -con el claro objetivo de moderar los aumentos- empezarán a trazarse esta mañana, a partir de las 11, en la Casa Rosada.
En su despacho, Peña será anfitrión de Alfredo Cornejo (titular de la UCR, quien viene alzando la voz por el tarifazo), Mario Negri (jefe del bloque de la UCR en Diputados) y Juan Manuel López, mano derecha de Carrió.
También concurrirán los vicejefes coordinadores del Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.
Una de las vías que se estudia para reducir el impacto de las boletas será modificar la carga impositiva que los consumidores pagan junto con las tarifas.
Concretamente, una de las alternativas que está empezando a evaluar la Casa Rosada pasa por una reducción de la alícuota de IVA.
En la actualidad, los servicios públicos pagan un tributo del 27%. Se trata de una alícuota superior al 21% que abonan la mayoría de los productos y servicios.
En el primer borrador se estableció que esa carga diferencial podría reducirse seis puntos, con el objetivo de emparejarla con los demás servicios.
En el Gobierno estiman que, por los últimos aumentos en las tarifas de luz, gas y agua, la AFIP contabilizó un ingreso extraordinario en la recaudación del IVA.
El cálculo es que, sólo gracias a esos ajustes, la misma mostró un adicional cercano a los $1.500 millones el mes pasado.
El IVA fue, de hecho, el impuesto “estrella” en la recaudación de marzo: registró una mejora del 57% contra el mismo mes de 2017, lo que da una idea del margen con el que cuenta la Casa Rosada para realizar modificaciones.
Aunque en los despachos oficiales reconocen que ameritaría una negociación con algunos jefes comunales, otra de las variables que quedó en la mira son los impuestos municipales, que también terminan incremntando los valores de las facturas.
En paralelo, otra vía que analizarán en los despachos oficiales está vinculada con la posibilidad de aplicar una “tarifa plana”.
Se trata de una alternativa propuesta por algunas compañías -como en Gas Natural Ban o por Ecogas, en la provincia de Córdoba- y que consiste en aplicar una tarifa pareja a lo largo del año.
Es decir, que se reparta la mayor carga por el consumo realizado durante los meses de invierno a lo largo de los períodos en los que se registran temperaturas más elevadas.
De esta manera, suponen algunos funcionarios, lograrían descomprimir el descontento que se generaría, bajo las condiciones actuales, cuando lleguen los mayores consumos invernales.
Para tener una idea de lo que podría suceder basta saber que en la actualidad, una boleta que en los meses de verano costaba entre $380 a $400 mensuales, estaría llegando en invierno a los $1.400.
En cambio, la “tarifa plana” permitiría abonar alrededor de $800 cada 30 días, de acuerdo a un ejercicio de la compañìa cordobesa Ecogas. Esto, sin importar que sea verano, otoño, primavera o invierno.
Esto no significa que, como ocurre en los servicios de “tarifa plana”, el cliente paga lo mismo sin importar lo que consuma
En el caso del gas, es diferente: se cobra por el consumo, pero los costos se reparten en partes iguales a lo largo de 12 meses.
Por último, el Gobierno evalúa dejar en suspenso la próxima etapa de ajustes de las tarifas de los servicios públicos, puntualmente, aquellos aumentos programados para el segundo semestre de este año.