Gobernadores firmaron la carta: “El federalismo no se negocia” en al marco del conflicto que mantiene el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos correspondientes al traspaso de la seguridad a la órbita porteña. Son varios los gobernadores que ya se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema para apoyar la posición de la Casa Rosada en el diferendo.
En el texto los mandatarios de 17 provincias argentinas, entre ellos, el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, expresaron su preocupación por la injerencia de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos que quiere restitución de fondos que no le corresponde, ante el inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia por la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos.
El texto del documento “El Federalismo no se negocia”
Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA.
Los gobernadores y gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden.
Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes.
No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia.
Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes.
Cuando se sanciona la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional.
Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23.548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%.
Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA.
Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan.
Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone.
¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo.
Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos.
Nosotros vamos a defender a nuestras provincias.
Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos.
La carta lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Jorge Capitanich, gobernador de Chaco; Mariano Arcioni, gobernador de Chubut; Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos; Gildo Insfrán, gobernador de Formosa; Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa; Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones; Gustavo Sáenz, gobernador de Salta; Sergio Uñac, gobernador de San Juan; Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis; Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz; Omar Perotti, gobernador de Santa Fe; Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero; Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego; Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.
El contexto
El documento se firma en al marco del conflicto que mantiene el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos correspondientes al traspaso de la seguridad a la órbita porteña. So varios los gobernadores que se presentaron como amicus curiae ante la Corte Suprema para apoyar la posición de la Casa Rosada en el diferendo.
Los mandatarios provinciales se encuentran en alerta y salieron apoyo de la Casa Rosada ante la medida que atiende a los intereses porteños y que, según el documento, atenta contra la ley de Coparticipación y las normas que consolidan los porcentajes asignados a cada distrito.
La diferencia d ellas partes se encuentra en el monto a transferir: el Gobierno Nacional realizó una estimación en la que se contempla el traspaso de la Policía Federal y argumenta que la Ciudad “quiere que se le pague por otros servicios, como los agentes de la ex Policía Metropolitana”.
La Ciudad pide la actualización del monto que se asignaba a la Policía Federal en 2015 por todo concepto y eso es “más que la plata de los sueldos y los patrulleros”. Otra diferencia es por el mecanismo para la actualización de los montos y en la “forma” de transferencia del dinero, que hoy es en cuotas mensuales y que la Ciudad pretende que sea “más parecido” al de la coparticipación “que es casi diario”.
En diciembre de ese año, el Congreso aprobó una ley que ordenaba una negociación entre las partes y aclaraba que los fondos traspasados no corresponderían a la coparticipación. La administración de Rodríguez Larreta cuestionó la constitucionalidad de la norma ante la Corte y, este año, el tribunal ordenó una negociación entre las partes cuyo plazo original venció el mes pasado.