El encuentro se desarrolló en el Vaticano y se concluyó que “ la trata y tráfico de personas son dos aspectos de un mismo delito global, transnacional complejo, que surge del crimen organizado” y no se dudó de calificarlo como un delito de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptible.
Medina, también titular de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinos comentó que en el documento emitido se recordó que “la Organización de Naciones Unidas incluyó, como Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7, “la adopción (por parte de los Estados) de medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.
El continente africano, y en especial África Subsahariana, se encuentran particularmente afectado por este delito. La pobreza, la miseria, la falta de educación, la ignorancia, la falta de oportunidades laborales, la discriminación y la exclusión social padecidas por millones de personas, así como la mirada indiferente o cómplice de los de sus gobiernos y de la comunidad internacional, continúan agravando esta situación. A este respecto, de Sus Santidades Francisco y Benedicto XVI han calificado al tráfico como la peor forma de exclusión y la “globalización de la indiferencia”.
Resulta imperativo que los Estados asuman un fuerte compromiso para combatir este delito en forma coordinada y erradicar la corrupción y las complicidades de los poderes estatales, fortalecer la independencia judicial para que los magistrados puedan decidir sin presiones y los fiscales investigar sin obstáculos.
Entre otros aspectos se concluyó que “ las juezas concluyeron que para que cada una de ellas, desde sus lugares de trabajo, puedan contribuir en la erradicación de estos flagelos inadmisibles se necesitan leyes imprescriptibles, ágiles y universales; garantizar el acceso a justicia gratuito para las víctimas, adoptar medidas destinadas a evitar su revictimización, reconocer todos sus derechos (políticos, sociales y económicos), restaurar su libertad y dignidad, brindarles herramientas para su empoderamiento, su independencia económica y la reparación integral del daño.
